Ante la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional, manifestamos:
Condenamos enérgicamente el asesinato del Joven HÉCTOR ANTONIO VENTURA VÁSQUEZ, de 19 años de edad, acaecido el pasado 02 de mayo de 2008, en altas horas de la noche, en una residencia del cantón Valle Verde, jurisdicción de Suchitoto, departamento de Cuscatlán.
El joven Ventura fue asesinado utilizando arma blanca (cortante o punzante) y recibió al menos una lesión mortal en el área del corazón; otra víctima sobrevivió al ataque con lesiones.
Traemos a cuenta que la víctima es una de las 14 personas que fueron procesadas judicialmente por motivos políticos, luego de participar en una acción de legítima protesta social contra la privatización del agua en el municipio de Suchitoto, el pasado 2 de julio de 2007.
Además, que el crimen se produce pocas semanas después de haberse obtenido el sobreseimiento definitivo para todos los procesados, poniendo en evidencia las falsas acusaciones que el Gobierno y
Destacamos que los atacantes directos, según la información preliminar, fueron al menos dos hombres, quienes ingresaron a la vivienda donde los jóvenes dormían y habrían realizado el atentado en el cuarto del fondo de la casa (donde permanecían las víctimas), a pesar de que para llegar al mismo debían cruzar al menos tres puertas.
Hacemos notar que, según los criterios de análisis fáctico establecidos por el Grupo Conjunto para
Por tanto, resulta evidente el perfil del joven Héctor Ventura como un opositor político, luchador social, quien sufrió poco antes de su muerte persecución arbitraria con fines políticos por el Estado. Asimismo, fue asesinado en una acción destinada para matarle a él y a su amigo que le acompañaba, lo cual fue el objetivo evidente del ataque.
Sobre la potencial impunidad, los organismos que denunciamos este atroz hecho expresamos nuestra profunda preocupación ante la existencia de un patrón de casos similares, los cuales han afectado a diversos dirigentes sociales o activistas políticos de oposición durantes los últimos dos años, tras lo cual tales crímenes han sido investigados deficientemente por las autoridades policiales y fiscales.
Ante este tipo de casos, las autoridades mencionadas suelen descartar u ocultar a priori el eventual móvil político del asesinato y omiten investigar a potenciales autores intelectuales, aunque existan indicios de que se trate de homicidios por encargo.
Este patrón de asesinatos a opositores políticos ha quedado demostrado en muchos casos, entre los cuales podemos citar como trágicos ejemplos los homicidios de las siguientes personas [nótese que tres de los homicidios anteriores ocurrieron también en el municipio de Suchitoto]: Eligio Ramírez, dirigente local del FMLN (Cuscatancingo, marzo 2006); los esposos Francisco Manzanares y Juana de Manzanares (Suchitoto, julio 2006, por escuadrones de la muerte); los esposos Alex Wilgberto Flores y Lidia Peñate de Flores, militantes del FMLN (Coatepeque, agosto 2006); Gerson Roberto Alvayero, miembro del FMLN y del Movimiento Antipresas (Santa Ana, enero 2007); el joven Alejandro Franco, juventud del FMLN (Cuscatancingo, mayo de 2007); periodista investigativo Salvador Sánchez (Soyapango, septiembre de 2007); Omar Huezo, miembro de
Por tanto,
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador; y
El grupo de ex procesados y procesadas políticas por el “caso Suchitoto”; EXIGIMOS:
Al Señor Fiscal General de
Asimismo, a los mencionados funcionarios, que se abstengan de descartar a priori un eventual motivación política en el asesinato de Héctor Antonio Ventura, así como procedan a investigar con seriedad la eventual participación de autores intelectuales, quienes podrían haber recurrido a la contratación de sicarios para la consumación del crimen.
Al Señor Procurador para
A la comunidad nacional e internacional, a mantenerse vigilante del actuar de estas nuevas formas de sicariato que por ahora tienen como objetivo a los activistas sociales, a los defensores de derechos humanos y a todos aquellos que se opongan a las políticas públicas que van en contra de los intereses de la mayoría de la población.
San Salvador, a los 06 días de mayo de 2008.
