El abrumador respaldo otorgado a Evo Morales por el pueblo de Bolivia en el pasado referendo (más del 67%), superior inclusive al porcentaje que lo eligió presidente y con incrementos muy significativos en las regiones separatistas bajo el control de la derecha, despeja muchas dudas. Pero los apoyos alcanzados por los Prefectos rebeldes, desconociendo los resultados que le son adversos y sobre todo llamando abiertamente a la intervención militar y la guerra civil arrojan enormes sombras sobre el panorama inmediato de este país andino. Resulta sintomático que mientras el gobierno central se ha mantenido escrupulosamente dentro de las reglas del juego democrático, la oposición ha traspasado la línea de la legalidad una y otra vez, en plena armonía con las tácticas clásicas del golpe de estado. La derecha ha saboteado la redacción de la nueva constitución (sin éxito), ha promovido referendos separatistas ilegales y violenta sistemáticamente la voluntad de la ciudadanía mediante el terror en las calles.
Perdido el gobierno central conserva sin embargo un enorme poder pues controla aún los resortes principales de la economía (bancos, fábricas, grandes comercios y sobre todo el latifundio) y posee casi un monopolio completo de los medios de comunicación mediante los cuales adelanta las típicas campañas de desinformación, manipulación y siembra de zozobra entre la población. Además, gobierna en algunas regiones (las más ricas).
Los gobiernos progresistas del área apoyan a Morales, no solo porque comparten en líneas generales la orientación social de su programa y adhieren al espíritu nacionalista de sus medidas sino también –y en no poca medida- porque todos temen las tendencias separatistas que bien podrían fomentar fenómenos similares en sus propios países. Sobre todo cuando esos movimientos contrarios a la unidad nacional están promovidos y financiados desde el exterior por gobiernos metropolitanos y compañías multinacionales, ambos muy afectados por su pérdida de influencia en la zona.
El mayor temor de la derecha es que se apruebe la nueva constitución. En particular, se destaca la oposición cerrada del gremio terrateniente que teme una reforma agraria integral que socave los fundamentos de su misma existencia. Pero también se oponen los demás sectores del gran capital que tanto se han beneficiado de las anteriores políticas neoliberales. En su empeño están respaldados abiertamente por la embajada de Estados Unidos que conspira sin ninguna discreción, financia con generosidad sus iniciativas y apoya políticamente a la derecha en su intento por derrocar a Morales.
Con el presidente está la gran mayoría del pueblo, a juzgar por las votaciones recientes. Evo cuenta por ahora con un capitalismo de estado aún de modestas dimensiones, fruto entre otras cosas de las nuevas medidas de control de las multinacionales; ha tenido el respaldo de las fuerzas armadas (que no es poco) y parece confiar no solo en el nacionalismo de los militares sino también en su misma extracción étnica y de clase. La derecha, en cambio, sabe que es minoritaria y ni siquiera los buenos resultados en algunas regiones le dan suficientes garantías. De hecho, la participación en los llamados referendos autonómicos fue bastante lánguida, introduciendo grandes dudas sobre el supuesto apoyo abrumador que la derecha alega poseer.
¿Hubieran sido reelectos los prefectos separatistas si en sus localidades las elecciones hubiesen sido realizadas con plena libertad y sin el terror implantado por las bandas fascistas de las “juventudes cruceñas” contra los partidarios de Morales?. Pero su falta de respaldo lo compensa sobradamente la derecha con su poder económico, su control mediático y la esperanza –nunca perdida- de un golpe militar que venga a salvarla. Si Morales consigue empezar a reformar radicalmente la tenencia de la tierra (para lo que es indispensable el respaldo del ejército y la policía) desatará un proceso social imparable que dará al traste con la parte más agresiva de la oposición y debilitará mucho las tendencias separatistas.
Además, el presidente boliviano tiene margen para negociar con las regiones el reparto de los beneficios de los recursos naturales quitando así a los separatistas su bandera más preciada. El gobierno central no puede tolerar sin embargo que grupos de matones se apoderen de las calles, humillen en la plaza pública a los representantes de los indígenas (un espectáculo de racismo transmitido al mundo por la televisión), impidan a las autoridades hacerse presentes en las zonas rebeldes y apaleen delante de las cámaras al jefe de la policía de Santa Cruz, sin consecuencias (al menos que se sepa).
Que un latifundista gringo se permita el lujo de echar de su propiedad (a tiro limpio) al ministro boliviano de la reforma agraria, parece la gota que colma el vaso. La batalla de Bolivia demuestra que, al menos en estos pagos, no basta con tener razón; no es suficiente contar con toda la legitimidad y moverse dentro de unas leyes que, entre otras cosas, no creó el pueblo sino esa misma burguesía levantisca, racista y belicosa que ahora las desconoce y viola con la mayor impunidad. La batalla de Bolivia remite nuevamente al debate sobre las posibilidades reales de un régimen democrático burgués en países en los cuales aún dentro del capitalismo parece imposible realizar reformas y abolir privilegios aberrantes. Unas clases dominantes cuyo principal objetivo es vegetar en la incuria, expoliar a las mayorías y parasitar a la sombra de sus protectores imperialistas se acomodan bastante bien a proyectos como el neoliberal pero por la misma razón se sienten amenazadas por procesos de desarrollismo y nacionalismo y - como no podía ser de otra manera- se aterrorizan ante la perspectiva de un cambio de orden social que las obligue a trabajar, a ser útiles y productivas, a practicar aunque sea por una vez en su existencia el ideal calvinista que se supone condición indispensable para generar el capitalismo.
Evo Morales tendrá que jugar a fondo sus cartas si quiere retomar la dirección del proceso. Tiene al pueblo consigo; tiene el apoyo de los pueblos vecinos y la simpatía de muchos gobiernos latinoamericanos; tiene, por ahora, no solo las armas de la ley sino las armas mismas que puede y debe usar en defensa de los intereses mayoritarios de la población. En la batalla de Bolivia parece que el pueblo ya ha manifestado claramente su decisión de ir hasta el final. Ahora, Morales y su gobierno no pueden ser inferiores a tanta generosidad y entrega, no pueden defraudar las ilusiones de tantos millones de gentes que han puesto en ellos la responsabilidad de dirigir no solo la batalla presente sino las muchas que depara el futuro y que el pueblo no se puede dar el lujo de perder.
