Denuncian al Estado por prácticas represivas
Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino
Las prácticas antiguas de represión, amenazas anónimas y negación de justicia por parte del Estado, fue denunciado por la Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social; quienes demandaron del Fiscal General de la República Félix Garrid Safie, asumir su mandato constitucional de investigar y perseguir el delito.
La celebración del II Encuentro Vivencial contra la Impunidad y la Represión, fue realizado en el Complejo Katya Miranda, a manera de simbolizar la situación en que se encuentra la justicia en el país.
La directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Silvia Guillén, denunció algunos hechos relacionados con actos violatorios.
“Se cierne un desalojo de más de 4 mil familias en La Unión, para favorecer el turismo; llevamos una cuenta de asesinatos de personas que son activistas de organizaciones sociales, del partido FMLN, o son activistas que participan en el desarrollo de su comunidad, hemos registrado 26 nombres de personas que han desaparecido”, expresó.
Asimismo, hizo un llamado al fiscal Garrid Safie, a fin de que reaccione y que investigue los móviles de los casos denunciados.
“Tenemos serias dudas que los asesinatos sean de miembros de pandillas, tenemos el caso del periodista Salvador Sánchez, que se dijo, que era por pandillas, no sabemos si es cierto. También, hay otros activistas muertos, de el movimiento popular, no podemos permitir más esta situación, por eso el evento les permite a las víctimas hablar y alzar su voz, para demandar justicia”, opinó.
Carmelo Cabrera es líder comunal de Pueblos Unidos, en Intipuca, La Unión, desde hace unos años, se enfrenta al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), que les acusa de usurpación de terrenos.
“¿Cómo pueden decir que les quitamos la tierra a ellos (ISTA)?, cuando esta institución tiene 21 años de existencia y nosotros tenemos más de 50 años de vivir acá, tengo 44 años, y nací en este lugar, pero hay gente que tenemos que ha vivido por más de 60 años, no nos pueden acusar de usurpación”, afirmó.
No obstante, Carmelo ha enfrentado 36 juicios, 6 capturas y 28 días en prisión, por el mismo “delito”, cuando la ley manda que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.
Además, el mismo Código Civil contempla “prescripción adquisitiva”, que después de 10 años se puede optar por el terreno.
“Nos han llevado a la Unidad del Mantenimiento del Orden, hubo 60 capturas, a mí me han llegado a sacar en la madrugada, y nos han tenido que dejar libres, porque el juez dictaminó que no había documentos que respaldaran al ISTA para afirmar que eran los propietarios de esa tierra”, señaló.
Carmelo Cabrera explicó que la tierra por el ISTA es el asentamiento las 7 caseríos.
“No sabemos cómo se llama la empresa japonesa que quiere comprar la tierra para construir un aeropuerto, que les quedaría más inmediato del corredor hacia Cutuco, serían 30 minutos, porque el Aeropuerto de Comalapa es un viaje de 2 horas y 20 minutos, por eso estamos recibiendo todo tipo de presión, ya nos amenazaron que nos desalojarán a la fuerza”, narró.
Beatriz Nuila es una de las 14 detenidas el 2 de julio del año pasado, en la ciudad de Suchitoto, Cuscatlán, cuando asistía junto a una delegación de la comuna de Soyapango, a un acto de descentralización del servicio del agua.
“Llegamos cuando la PNC ya estaba disparando y la gente salía corriendo, nosotros buscamos protección, pero fue en vano, nos capturaron, golpearon y nos subieron a un helicóptero, y nos amenazaron que nos lanzarían al lago. La PNC nos acusó de desórdenes públicos, pero la fiscalía cambio todo y nos acusó de actos de terrorismo. Mi experiencia es que el país de libertades, es una fachada publicitaria del Estado salvadoreño”, concluyó.
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