Fotos: Mauro Arias y Archivo El Faro
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El 20 de marzo de 2008, desde un despacho jurídico en Los Ángeles, California, se enlazó a dos personas vía telefónica. Una era Roberto Silva, quien hablaba desde el centro de detención federal Pinal County, en Florence, Arizona. La otra se encontraba en el aire, 20 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Ilopango. Era Adolfo Tórrez, director del partido Arena en el departamento de San Salvador. De los dos, solo el primero, el diputado suplente del PCN, sabía que la llamada estaba siendo escuchada por otras personas. Gracias a un altavoz colocado sobre la mesa de reuniones del despacho jurídico en Los Ángeles, el abogado Joseph Sandoval, uno de sus asistentes legales y un investigador privado -ex agente del FBI- grababan la conversación. El primer enlace se suspendió, pues el ruido de la aeronave no permitía que Tórrez escuchara con claridad.
20 minutos después, Adolfo Tórrez cargaba combustible en la pista de Ilopango cuando recibió la segunda llamada. Esta vez la señal era clara. Sin preámbulos, Silva fue al grano: “¿Cuánto, con cuánto arreglamos todo el problema?” Lo que Silva resume como “el problema” es una serie de cargos en su contra que incluyen lavado de dinero y soborno. Además que su esposa había sido ya vencida en juicio y guardaba prisión en el Centro de Detención para Mujeres en Ilopango. Tórrez presentó la oferta: aseguró que no era conveniente dar a conocer los nombres de las personas que participarían en la operación, a quienes describió como sus amigos, gente “de primera categoría” y “mara bien cercana a los meros meros de todas partes”. El precio: medio millón de dólares para desvanecer los cargos y sacar de prisión a Nora Emely Parada de Silva.
Un poco más adelante en la conversación, Tórrez dice que entre las palancas que podría activar se encuentran algunos funcionarios del sistema de justicia. Además, da a entender que hay otras personas involucradas en la negociación. El dirigente político habla siempre en plural e involucra a otros actores a quienes sólo se refiere como “ellos”. En una parte de la charla, le dice a Silva que él no podrá dar la cara públicamente ni tampoco podrá hacerlo alguien a quien sólo identifica como “el otro chamaco”:
Mientras para la defensa de Silva esta conversación demuestra que Tórrez intentaba extorsionar a su cliente, el director de Arena alega que esa conversación no se trataba de una conspiración para corromper funcionarios o lucrarse él, sino para arreglar contactos con bufetes de abogados que pudieran tomar el caso de Silva en El Salvador. “No es que yo me iba a pagar a mí, nada de eso. Yo estoy diciéndole a él: ‘Los bufetes dicen que es un problema muy grande, pero que puede haber una batalla legal fuerte y que pueden destrabar el caso’ ”, asegura Tórrez.
Según él, su única intención era tender una mano a Silva: “Aquí hay una persona que atropella (a alguien en ) un vehículo, se corre, me pide ayuda y yo le ayudo. O sea, no es la primera ni la última persona en este mundo a la que yo le he ayudado. Es decir, por lo menos a recibirle una llamada o averiguarle… Si él quiere utilizar esta llamada -que la hizo con dolo por lo que estoy entendiendo- para involucrarme a mí que lo estaba extorsionando, pues ese hijo de puta es un gran mentiroso. Te lo digo ante Dios: es un gran mentiroso porque yo no me he lucrado ni de él ni de nadie”.
Un año después de esa llamada telefónica, la grabación está certificada como prueba en un juicio de apelación de asilo político en una corte federal estadounidense en Florence, Arizona, y de ella tienen conocimiento el FBI y la embajada de Estados Unidos en El Salvador. Tórrez reconoce abiertamente que él recibió la llamada. “Él (Silva Pereira) llamó a una persona que se llama Adolfo Tórrez y, como hombre, lo estoy aceptando”, sostiene. Admite que el número al que fue hecha es su “número privado”. Cuando se marca a ese número, lo que suena en el aparato telefónico azul es la marcha nacionalista de Arena. En una viñeta al dorso del teléfono están escritos los mismos ocho dígitos que la defensa del diputado suplente dice que marcó para comunicarse con él hace más de un año.
FBI asegura que dio grabación a fiscal Safie
Los problemas legales de Roberto Carlos Silva Pereira empezaron el 25 de septiembre de 2006. A tempranas horas de la mañana, el rumor en la Asamblea Legislativa era que uno o varios diputados –se hablaba de seis pecenistas y uno del PDC- serían detenidos por estar vinculados a narcotráfico y lavado de dinero. Félix Garrid Safie, el fiscal general, junto al jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Rolando Monroy, esclareció todo en una conferencia de prensa en el vestíbulo del edificio parlamentario, después de que pidió el desafuero del diputado suplente bajo los cargos de soborno -“cohecho” en la jerga jurídica- y lavado de dinero.
Silva Pereira había despertado sospechas cuando asistió a la toma de posesión de la legislatura 2006-2009 a bordo de uno de esos carros deportivos de lujo propios de películas: un Maserati negro. Ese 1 de mayo, atrás de él, su escolta de seguridad lo seguía de cerca en una no menos ostentosa camioneta Porsche Cayenne. Meses después las sospechas se intensificaron cuando la Fiscalía descubrió que el grupo familiar del diputado suplente –su esposa y él- tenían bienes inmuebles valorados en 689 mil dólares y activos por un millón 546 mil dólares más. Según la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el diputado tenía un ingreso anual que no podía superar los 30 mil dólares.
Silva acusó a la Fiscalía de montar un caso de “acoso político”. “No estoy en contra de que me investiguen a mí ni de dónde han provenido (los fondos)… Tenemos constructoras. Ese dinero proviene de las alcaldías a base de un trabajo lícito. Estoy dando la cara, no estoy detenido”, dijo Silva Pereira y cerró con una petición: “Tengo las manos limpias y le pido a la Fiscalía que esta sea una investigación objetiva”. Cuando dijo esto, junto a él estaba Elizardo González Lovo, diputado propietario del PCN por La Unión y el único que al menos en público le ha apoyado hasta la fecha.
Safie aseguró que como evidencia del delito de cohecho la Fiscalía tenía en su poder los cheques que Silva Pereira había emitido a favor de diferentes alcaldes -a manera de soborno- para que le fueran asignados diferentes proyectos de construcción. Las pruebas fueron suficientes para que la Asamblea Legislativa, por unanimidad, quitara el fuero constitucional al diputado suplente el 29 de noviembre de 2006, con lo que abría la puerta para que se le procesara judicialmente.
El 22 de enero de 2007, Silva Pereira no se presentó a la audiencia inicial, aduciendo que estaba enfermo. Tres días después, la Cámara Primera de lo Penal pidió la detención provisional sin posibilidad de libertad condicional. La Policía Nacional Civil (PNC), que para entonces había reducido de 150 a 12 efectivos el número de agentes dispuestos para vigilar los pasos del diputado, recibió la orden de captura 18 horas después de que esta se divulgara públicamente. Cuando intentó detenerlo, Silva Pereira tenía dos días de haberse fugado de su casa, ante los ojos de la misma PNC, en una residencial privada de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán.
El escape del diputado enfrentó a la Policía -encabezada por el entonces director Rodrigo Ávila- y a la Fiscalía, que se echaban culpas. “La Fiscalía en un momento pidió que ya no se le diera vigilancia”, aseguró Ávila a la revista Enfoques, de La Prensa Gráfica, al tratar de explicar cómo fue posible que con un cerco policial a su alrededor, Silva Pereira se esfumara. Sin embargo, Rolando Monroy, fiscal del caso, desmintió a Ávila de inmediato. “La Fiscalía nunca ordenó que le quitara la vigilancia. Esa orden no existe”, dijo. Entre dimes y diretes, lo que sí hicieron las autoridades fue emitir una alerta internacional con difusión roja a Interpol, una orden que permite la detención provisional con miras a la extradición, y el diputado pasó a encabezar el top 10 de los más buscados por la justicia de El Salvador.
El 28 de de enero, Silva Pereira mandó una carta a diferentes medios de comunicación expresando que temía por su vida, que por ello se encontraba escondido y que no tenía pensado salir del país. Esto último no lo cumplió. El 5 de octubre de 2007, 255 días después de su escape, la PNC, el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía dieron a conocer que agentes del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del FBI capturaron a Silva Pereira en la ciudad de Anaheim, California, a las 4:40 p.m. (hora local). Horas después, las autoridades salvadoreñas anunciaron que iniciarían el proceso de extradición. Sin embargo, la extradición nunca fue solicitada oficialmente a los Estados Unidos. En lugar de eso, Silva Pereira es objeto de un juicio de inmigración por entrada ilegal a ese país que, de perderlo, derivaría en su deportación inmediata.
La defensa de Silva Pereira, conducida por la firma Gallagher Sandoval, detuvo el proceso de deportación por medio de una solicitud de asilo político. Silva le pide a los Estados Unidos que lo refugie, argumentando que en El Salvador es objeto de persecución política. Según los abogados del parlamentario, la grabación de la conversación de su cliente con Tórrez busca demostrar que el diputado no tendría un juicio justo en El Salvador y que Silva es víctima de una extorsión económica y política. “Argumentamos que si Adolfo Tórrez pudo haber hecho que todo desaparezca (los cargos penales) por 300 mil dólares, estos procedimientos en contra del señor Silva Pereira puede que no sean legítimos”, dijo Joseph Sandoval a El Faro, vía telefónica.
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| El informe FD-302 del FBI detalla que el fiscal Safie recibió el 2 de abril de 2008 una copia de la conversación entre Silva y Tórrez |
En el proceso de apelación, el fiscal del ICE encargado del caso, Jim McCarthy, ha intentado desvirtuar la grabación entre Tórrez y Silva Pereira. Su prueba para descalificar la tesis de la defensa es el informe FD-302 del FBI, girado el 24 de julio de 2008 por el agregado jurídico de la agencia federal en la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Leo J. Navarrete. El documento, dirigido a McCarthy, dice que el fiscal general Safie recibió de manos de Navarrete una copia de la grabación el 2 abril de 2008 y que se le advirtió que los presuntos participantes eran Silva Pereira y Adolfo Tórrez.
El Faro obtuvo una copia del informe FD-302, la cual fue validada por la embajada de los Estados Unidos en el país por medio del agregado de prensa y consejero de asuntos públicos, Alberto Rodríguez. “Es una copia fiel del original”, dijo.
Navarrete detalla en su escrito que, en mayo del año pasado, Safie le aseguró que Tórrez se había contactado con su oficina. El agregado jurídico añade que en una reunión el 22 de julio, el fiscal general le dijo que no se había abierto ninguna investigación relacionada con la grabación telefónica por dos razones: “No se establecía la autenticidad de la misma; y, además, que las grabaciones telefónicas no son admisibles por la disposición que hay sobre la intercepción telefónica en la legislación salvadoreña”. McCarthy resta validez a la grabación argumentando que en El Salvador esta no ha generado una investigación de parte de la Fiscalía.
La defensa sostiene que es precisamente eso lo que demuestra que las autoridades salvadoreñas no garantizan un juicio justo a su cliente: “Siempre me he preguntado: si el fiscal general tiene una copia de esta cinta, ¿por qué nadie ha hecho nada al respecto?”
Tórrez asegura que, unos días después de recibir la llamada de Silva Pereira, acudió al despacho del fiscal general para comentarle de la conversación. Más adelante sugiere incluso que fue el mismo Safie quien le pidió que se pusiera en contacto con el ex diputado, aunque, acto seguido, dice no recordar si en realidad Safie le hizo esa petición: “Hubo un momento en que yo le conté a él (Safie) que supuestamente decían que este cabrón me iba a llamar... no me acuerdo, espérense... quiero amarrar bien, porque tendría que hablar con el fiscalón -le voy a hablar ahora que ustedes se vayan-, yo creo que le comenté a él que este cabrón me iba a llamar... Yo creo que yo le dije: ‘Mirá, parece que este hijueputa es el que me anda buscando, como que me va a llamar’. Fue cuando él me dijo: ‘Agarrale la llamada y me contás lo que hablás’... Es que no me acuerdo, yo quiero dejar claro: de eso no me acuerdo”.
El Faro intentó por diversas vías conversar con el fiscal general. Al cierre de este artículo, Safie aún no había atendido la solicitud.
Para establecer la autenticidad de la llamada, la defensa hizo comparecer en el juicio al diputado pecenista Elizardo González Lovo. El abogado Sandoval aseguró a este periódico que, bajo juramento, el diputado salvadoreño “testificó que estaba 100% seguro de que era una conversación entre Tórrez y Silva Pereira.” El Faro concertó una entrevista con González Lovo para este martes 14, sin embargo, horas antes de la reunión, dijo vía telefónica que su agenda no le permitiría atender la cita.
El proceso contra Silva Pereira siguió su curso en Estados Unidos y el 11 de agosto de 2008, el juez Scott M. Jeffries denegó la solicitud de asilo. El caso se encuentra en fase de apelación y la grabación sigue siendo una prueba de la defensa.
La defensa de Silva Pereira contactó a la redacción de El Faro en octubre de 2008 para ofrecer una copia de la grabación. Meses después, según Sandoval, el mismo diputado autorizó la difusión de la prueba y de los documentos relacionados: “Hablé con Roberto Silva Pereira el sábado (14 de marzo) de forma personal en Arizona y él incluso me autorizó, en sus propias palabras, para tomar el liderazgo en su nombre. Él me dio la autoridad para proveerle estos documentos y los documentos que ustedes tienen son parte del proceso de migración y eventualmente van a ser parte pública cuando este caso se vaya a la corte del noveno circuito”.
Dos años y medio después de que los problemas legales de Silva Pereira comenzaron, estos parecen lejos del final. Hace dos meses, a mediados de febrero, la Fiscalía guatemalteca informó que según sus investigaciones, el diputado suplente era el autor intelectual del asesinato de tres legisladores salvadoreños del partido Arena y su motorista. El crimen ocurrió en febrero de 2007, cuando los políticos se dirigían hacia la capital guatemalteca a participar en una sesión del Parlamento Centroamericano, al que pertenecían. En la entrada a la capital fueron interceptados por policías que eventualmente los torturaron y los asesinaron.
El fiscal guatemalteco Edwin Marroquín dijo que investigaban dos posibles móviles: que Silva Pereira había querido vengarse de Arena porque apoyó su desafuero en la Asamblea Legislativa, y que los fallecidos iban a llevar dinero o droga hacia Guatemala. A partir de esto, Marroquín anunció que iban a pedir la extradición de Silva Pereira.
Acá puede escuchar la conversación telefónica
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